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Reclamación de impuesto de plusvalía municipal

Con la reciente Sentencia del Tribunal Constitucional de 16 de febrero de 2017 se abre extraordinariamente la puerta a demandar a los Ayuntamientos las brazadas pagadas por el llamado impuesto de plusvalía municipalahora sea en su colectividadahora la obligación de una parte importante de las mismas, así como a hacer frente las liquidaciones que en lo subsiguiente efectúen con circunstancia de las audiciones que desde ya se produzcan.

Cierto es que inmediatamente existían abundantes levantamientos de Juzgados y Tribunales Superiores de Justicia que daban la causa al contribuyente y anulaban las liquidaciones efectuadas por los Ayuntamientos, recuperando, si no todo, sí parte de lo gastado en concepto de plusvalía, sin embargo con la noticia Sentencia del Tribunal Constitucional se refuerzan los pareceres que entonces se alegaban en las exigencias y que van a realizar muy difícil a los Ayuntamientos costear las correspondencias que se les soliciten. Y no obstante el alzamiento del Tribunal Constitucional se refiera a una ordenanza de aplicación exclusiva en el País Vasco, los razonamientos contenidos en su Sentencia son aceptablemente aplicables a la técnica que rige en el restodel país, por la sencilla causa que tanto la justicia foral como la oficial tienen, para estos propósitossimilar redacción. Así, recordando que lo que rocalla el apellidado impuesto de plusvalía es el acrecentamiento de precio de los terrenos de naturalidad urbana cuando se produce una transmisión de un bien inmueble (subastaherencia, etc.), el Tribunal Constitucional señala, principalmente, lo subsiguiente:

1º) No es fácil tributar por una renta inexistenteen otras palabras, cuando la transmisión de un bien no genera recaudación (se vende o adquiere por herencia, por ejemplo, por abajo de lo que se compró o adquirió), no pueden exigir los Ayuntamientos compeler la plusvalía.

2º) Se tiene que admitir evidenciar al contribuyente que el crecimiento de importe que ha obtenido con la transmisión es inferior al que el Ayuntamiento le ha medido y por el que le está obligando a tributar, lo que supone disminuir la brazada que tiene que pagar en concepto de plusvalía. Además de todo esto, se está aceptando por variopintos órganos judiciales que la formalidad que están utilizando los Ayuntamientos para valorar la pedestal imponible del impuesto es errónea, haciendo tributar a los moradores por valía superior a la que deberían, constituyendo tal oportunidad una mamá más para arremeter las liquidaciones practicadas. Por tanto, en cuanto a las audiciones que se produzcan de aquí en delante, cuando el Ayuntamiento semejante efectúe la ganga, podrá impugnarse con convenio a lo que hemos descubierto, y respecto de las baratijas que ahora se hayan pagado, se podrán embestir solicitando la gratitud de cobros indebidos, siempre que no hayan cruzado cuatro años desde la finalización del transcurso para anunciar la cesión, y acertadamente solicitando todo lo apoquinado, o acertadamente lo abonado de más, según los hechos, invitándoos a contactar con el Despacho para informaros más pormenorizadamente, y sin peligro, sobre la viabilidad de la exigencia.

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